Cómo la reacción a la estafa de Twitter y Google Bitcoin revela el poder de la censura.

El reciente pirateo de Twitter demostró el alcance de las capacidades de censura de los medios sociales y las redes de comunicación, y eso es preocupante.

El reciente hackeo de cuentas prominentes de Twitter resultó en un silenciamiento temporal de todos los usuarios verificados en la red social. La acción revela una vez más las palancas potencialmente totalitarias de control del habla que ejercen Twitter, Google, Facebook, Apple y otros actores importantes dentro del mundo de los medios sociales y las comunicaciones celulares en general. Todo el mundo puede saber que existe un botón de silencio -que se ha utilizado más recientemente en casos discretos de desinformación-, pero verlo en funcionamiento a una escala tan masiva plantea interrogantes sobre cómo podría utilizarse en el futuro, así como sobre la forma en que algún día podría ser necesaria una reglamentación para proteger a las personas de su utilización con fines distintos de la respuesta a emergencias.

Si bien su uso en este caso discreto estaba absolutamente justificado

la demostración de fuerza proporciona pruebas de capacidades que deberían hacer reflexionar a los ciudadanos. Twitter fue capaz de identificar temporalmente y silenciar completamente a una clase de usuarios. Además, Google fue capaz de complicar temporalmente el acceso a uno de los medios previos clave para acceder al contenido de esos usuarios cambiando manualmente los resultados de la búsqueda, todo en cuestión de horas. Las capacidades son claras pero, ¿qué significa esto para los ciudadanos dentro de una sociedad democrática y libre?

Las capacidades son un arma de doble filo. De la misma manera que han demostrado ser herramientas eficaces, aunque imperfectas, para suprimir la actividad ilegal y responder a emergencias como este reciente hack de Bitcoin Code también han permitido la censura dentro de los regímenes autoritarios. A medida que seguimos dependiendo cada vez más de las tecnologías digitales y nos integramos en ellas, estas capacidades, así como las limitaciones relativamente laxas de su uso, deberían dar a los ciudadanos, especialmente a los que actualmente viven en sociedades liberales, una pausa muy seria. Esta es una consideración especialmente importante en un momento en que un gran porcentaje de la población ha expresado el deseo de suprimir realmente el discurso de los demás de formas más extremas que las que ofrece actualmente la ley. ¿Quién determinará quién tiene el derecho a hablar, cómo, cuándo y dónde? ¿Actores privados en las salas de juntas, los ciudadanos y sus representantes elegidos, los jueces? Además, ¿qué precedentes estamos sentando ahora para un futuro en el que nuestra integración con la tecnología vaya más allá de los dispositivos de mano y de uso?

¿Es la responsabilidad o la regulación la respuesta?

Más allá de la respuesta de los piratas informáticos, las redes sociales como Twitter y Facebook han estado abordando difíciles desafíos relacionados con la regulación de la desinformación, las campañas políticas y los discursos de incitación al odio en sus plataformas. Además, la presión de los movimientos sociales se ha aplicado con el objetivo de aumentar las restricciones a la expresión, una demanda que ha estado produciendo resultados concretos dentro de las políticas de las empresas. Muchos de estos cambios son dignos de aplauso, pero también existe la posibilidad de que las empresas vayan demasiado lejos en el silenciamiento del discurso de incluso los más infantiles y descarriados de sus usuarios. Las empresas, así como los organizadores y participantes del movimiento, deberían avanzar con distinciones de principios e históricamente informadas sobre dónde trazar la línea.

En cuanto a las capacidades desplegadas durante la respuesta más reciente a la piratería informática, su existencia es fundamental para proporcionar seguridad a los usuarios, así como al público en general.

Sin embargo, su potencial para ser aplicadas más allá de las exigencias del sistema jurídico vigente, especialmente teniendo en cuenta las recientes demandas de las empresas para que lo hagan, debería darnos a todos una pausa.

La moderación en el uso, así como un compromiso coherente y demostrado con la libertad de expresión, será la clave para mantener el tema en manos de los líderes corporativos en lugar de en los órganos legislativos democráticos o en las arenas judiciales. Dicho esto, independientemente de que las empresas se comporten actualmente de manera responsable, ¿es responsable por parte de los ciudadanos abstenerse de actuar de manera preventiva a través de las instituciones políticas para configurar el futuro de la regulación de la libertad de expresión dentro de un mundo digitalmente integrado?

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